La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar CompraNet, el sitio web donde actualmente se consultan las contrataciones del gobierno federal. En su lugar, propone la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, con el objetivo de automatizar y modernizar el proceso de contratación gubernamental.
Un nuevo enfoque en la contratación pública
La nueva plataforma integrará una Tienda Digital del Gobierno Federal, permitiendo la adquisición de bienes y servicios de uso común mediante órdenes de suministro, eliminando algunos procesos tradicionales como las licitaciones. Además, busca facilitar la interacción entre proveedores y el gobierno a través del diálogo competitivo, promoviendo mejores soluciones para las dependencias contratantes.
Otra novedad es la Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación, un mecanismo que permitirá agilizar contrataciones en situaciones de emergencia, como crisis sanitarias o desastres naturales. Esta medida incluirá los Diálogos Estratégicos, un espacio de discusión con proveedores para definir condiciones de entrega, precios y beneficios sin recurrir a procesos burocráticos extensos.
Cambios en la gestión de compras
La iniciativa también propone que la Secretaría de Hacienda implemente esquemas de contratación más flexibles, con el aval de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En el caso de las compras consolidadas, Hacienda se encargará de ejecutar los procedimientos, mientras que la Secretaría Anticorrupción asumirá la planificación estratégica.
Otra herramienta destacada es la oferta subsecuente de descuento, que permitirá a los proveedores mejorar sus precios después de presentar sus ofertas iniciales, sin alterar las especificaciones de los productos o servicios ofertados.
¿Hacia dónde va la contratación gubernamental?
Con estos cambios, Sheinbaum busca un modelo de adquisiciones más ágil, digitalizado y con menor burocracia. La propuesta aún debe ser discutida en el Congreso, donde seguramente generará debate sobre su impacto en la transparencia y eficiencia del gasto público. ¿Será esta la clave para una contratación gubernamental más eficiente o un giro que podría generar nuevas dudas sobre el control del gasto?
